La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez Otero, ha presentado esta mañana el balance de actuaciones llevadas a cabo desde la sección de Inclusión Social del Ayuntamiento de Salamanca. Se trata de un área de especial relevancia por el apoyo que se presta a las personas más vulnerables de la ciudad a través del desarrollo de programas que incrementan las oportunidades para la integración plena en la vida económica, social y cultural de la sociedad en la que viven. La situación de pandemia ha limitado la realización de actividades individuales y comunitarias, pero desde la sección de Inclusión Social se han llevado a cabo acciones favoreciendo la dignidad de las personas y trabajando para conseguir su inserción. En definitiva, ayudar a personas a las que la sociedad ha rechazado y a las que ha negado su dignidad como seres humanos. 

Durante el pasado ejercicio, un total de 837 personas fueron beneficiarias de algunos de los programas puestos en marcha desde el área de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre los que destacan los itinerarios formativos, el programa socioeducativo de vivienda, así como las intervenciones con minorías étnicas, refugiados o personas sin hogar.

Desde el área de Familia e Igualdad de Oportunidades se prestó atención durante el pasado ejercicio a personas con dificultades para su incorporación al mercado laboral a causa de su vulnerabilidad social; a personas con dificultades de integración en su entorno que pueden derivar en aislamiento o dificultades de convivencia o situación de marginalidad; y personas que han pasado por situaciones que comprometen su integración social o deterioran su calidad de vida.

Además, se ha llevado a cabo la gestión de acciones formativas para 366 personas, en colaboración con entidades como Cáritas, Salamanca Acoge, Asecal, ADsis, Ymca, Fundación Diagrama, Cepaim y Tas1.

En el marco de la atención del Protocolo de Atención a Personas sin Hogar, desde la sección de Inclusión Social del área de Familia e Igualdad de Oportunidades se atendieron a 41 personas. Se trata de un servicio de atención directa que ofrece servicios y prestaciones dirigidos a personas en situación de grave exclusión social, en colaboración con Cáritas, Cruz Roja, ADECOBA, Salamanca Acoge, Amigos del Silencio y la Felicidad, APARED, APRAMP, el área social del Hospital Clínico y Puente Vida/Santiago 1. En este sentido, la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades trabaja ya en un programa junto a la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico para dar respuesta a las necesidades específicas de las personas en situación de calle que además presentan una patología dual con trastorno psiquiátrico unido a alguna adicción.

Por otra parte, el Programa Socioeducativo de Alquiler Social cumple con el objetivo de proporcionar viviendas en régimen de alquiler social a los sectores de la población más desfavorecidos, en situación o riesgo de exclusión social, que no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios. El alquiler social de viviendas municipales exige a los beneficiarios un compromiso de cambio y una contraprestación económica en concepto de alquiler. Durante el pasado año fueron atendidas 68 familias con 216 miembros en total. En este sentido, la concejala de Familia, Ana Suárez, ha explicado que el Ayuntamiento también trabaja en un “nuevo programa de fomento del alquiler para personas en situación de vulnerabilidad social. Se trata de un programa dirigido a colectivos que encuentran dificultades para conseguir un alquiler, aportando soluciones para facilitar que tengan acceso a una vivienda digna”. 

Además de estas acciones, desde el área de Inclusión Social se gestionaron ayudas para facilitar el acceso a taxis adaptados, con un total de 155 beneficiarios durante el pasado año. Además, para mejorar la eficacia de este servicio este año se eliminarán los bono-taxi para sustituirlos por transferencias para las personas interesadas.

Junto a estas iniciativas, desde el Ayuntamiento de Salamanca se trabajan con entidades privadas que se convierten en agentes complementarios de la acción pública para mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas, por lo que se han suscrito convenios de colaboración con diversas entidades a las que se destinaron 998.605 euros el pasado año (9.500 más que en 2020).

También se concedieron ayudas por 78.484 euros a diez organizaciones no gubernamentales de desarrollo, así como 6.000 euros más para colaboración en ayuda humanitaria con Cruz Roja.