El Ayuntamiento de Salamanca concede casi 180 ayudas sociales para familias en dificultades durante el primer trimestre del año. En concreto, las arcas municipales destinaron 167.062,08 euros para el alquiler de viviendas, la compra de alimentación o medicamentos.

Estos datos ratifican el compromiso social del Consistorio con las personas, especialmente con aquéllas que peor lo están pasando. Salamanca mantiene una completa red de protección social, integrada por entidades, instituciones y organizaciones, que da respuesta a las necesidades de las familias con problemas.

Durante el pasado año, el Consistorio concedió 783 ayudas, un número similar a 2014 y un 23% más respecto 2013, para atender necesidades básicas de las personas con mayores dificultades.

A estas ayudas económicas se suman otros recursos que ofrece el Ayuntamiento para garantizar una vivienda a las familias.

El Ayuntamiento dispone de viviendas municipales con un alquiler social que oscila entre 50 y 100 euros pero, en ningún caso, supera el 14% de los ingresos de la familia; y su periodo es de dos años con el fin de que las familias puedan haber mejorado su situación y puedan acceder a un alquiler normalizado con ayudas, si fuera necesario, del Ayuntamiento de Salamanca. En caso contrario, el alquiler social se puede prorrogar un año más.

El Consistorio mantiene, además, alojadas en viviendas sociales, sin pagar ningún tipo de alquiler, a otras 53 familias en riesgo de exclusión.


Ayuda para evitar los desahucios

Estas viviendas sociales, tanto de alquiler como de realojo, se suman al servicio de información, atención y asesoramiento que el Ayuntamiento y Junta ofrecen a las personas con dificultades para afrontar el pago de la hipoteca.

Este servicio se completa con ayudas extraordinarias para hacer frente el pago de cuotas hipotecarias vencidas o a recibos de suministros básicos.

Refuerzo de la ayuda municipal

Estos datos corroboran el refuerzo de la ayuda municipal a las familias sin recursos, a las que el Ayuntamiento ofrece, además de esta respuesta inmediata, un seguimiento personalizado para impulsar una vida autónoma sin la dependencia de los recursos públicos. Para ello, entre otros servicios, organiza cursos formativos para que las personas en riesgo de exclusión tengan más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.