El Ayuntamiento de Salamanca volverá a congelar en 2022 los cinco impuestos municipales (Impuesto de Bienes Inmuebles –IBI-, Plusvalía, Impuesto de Actividades Económicas –IAE-, Impuesto sobre Vehículos e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras –ICIO-) y, con carácter general, las tasas, precios públicos y tarifas, salvo la necesaria adaptación de alguna de éstas a la evolución de los precios por las distintas exigencias contractuales. En este último caso, se aplicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo, el 2,7%, más favorable para los contribuyentes que el actual del 4% o el 3,3% de agosto.

Cabe recordar que el Consistorio viene congelando desde 2015 todos los tributos municipales, así como la tasa de basura y las tarifas del autobús, dos servicios públicos que afectan a la práctica totalidad de la población.

Esta congelación se ha combinado con la rebaja de algunos impuestos municipales, como la del IBI un 5% en 2019 y, previamente, la de la Plusvalía (entre el 5,4% y el 7%) para todos los contribuyentes y el ICIO (entre el 66% y el 90%) para acciones de rehabilitación en los edificios de viviendas en la ciudad.

A mayores, en 2022 se mantendrán todos los beneficios fiscales para las familias en función de sus ingresos y las medidas tributarias adoptadas para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19. Entre estas últimas, destaca la reducción del 99% en la tasa de terrazas y la reducción del 99% en otras tasas de ocupación de la vía pública, como la aplicada para los mercadillos o las atracciones de ferias.

Esta contención choca con la política fiscal del Gobierno, que sube los impuestos a las familias pese a soportar todas ellas la subida de la luz y de combustibles; con la política fiscal aplicada por otros ayuntamientos como Valladolid, Soria o Vigo, que en 2020 subieron los impuestos a sus contribuyentes; y con la propuesta realizada en su momento por el Grupo Municipal Socialista de subir el IBI y la tasa de basura a las actividades industriales, hostelería, comerciantes y profesionales, rechazada por el Gobierno Municipal en defensa del tejido empresarial local y de la creación de empleo que de él deriva.