El concejal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha presentado hoy en rueda de prensa el proyecto de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2021 que contempla la congelación de impuestos y que además prorroga las reducción de la tasa por ocupación de la vía pública, reducida hasta el 99% para terrazas y para vendedores del Rastro, así como nuevas bonificaciones.

Tal y como ha concretado Rodríguez, la congelación se extiende a todos los tributos, precios públicos y tarifas municipales para el próximo año, salvo la  necesaria adaptación de alguna de éstas últimas a la evolución de los precios por exigencias contractuales, como en los casos de el Pabellón Multiusos, la Ciudad Deportiva de La Aldehuela y las piscinas municipales.

Asimismo, el proyecto de Ordenanzas Fiscales contempla la prórroga de la práctica supresión de la tasa por ocupación de la vía pública para terrazas y vendedores del Rastro, que se redujo en un 99% como medida de apoyo a estos sectores económicos en el marco del acuerdo suscrito por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Salamanca en el mes de mayo para la reactivación económica y la protección social.

Por otra parte, el proyecto incorpora una bonificación para 2021 de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas para las empresas que hayan aumentado la plantilla de trabajadores indefinidos en el ejercicio 2020, como medida de estímulo a la creación de empleo en la ciudad; y recoge la prórroga del régimen especial de fraccionamientos y aplazamientos de pago establecido en 2020, de 12 a 6 meses, respectivamente, sin intereses y sin garantía de deudas inferiores a los 30.000 euros.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Salamanca cumple con los compromisos recogidos en el pacto de gobierno PP-C’s en el que se contempla la voluntad de no subir impuestos durante este mandato y da cumplimiento también a las medidas contempladas en el pacto político municipal.

Según ha detallado Fernando Rodríguez, este proyecto responde a la necesidad de mantener el funcionamiento de los servicios públicos municipales con criterios de calidad y, al mismo tiempo, contribuir a paliar los efectos de la crisis sanitaria sobre las personas y las familias, los empresarios y los autónomos.