El Juzgado de Instrucción número 11 de Salamanca ha dictado un auto acordando el sobreseimiento y consecuente archivo de las diligencias abiertas a raíz de las denuncias presentadas por los concejales de Ganemos Salamanca por la prórroga del contrato de mantenimiento de la señalización en las vías públicas de la ciudad, y el retraso en la licitación del mismo; y por la adjudicación realizada en su día del contrato de mantenimiento de alumbrado público.

Así lo ha informado hoy el portavoz del Gobierno Municipal, Fernando Rodríguez, quien ha señalado que el Juzgado adopta esta resolución, tras la práctica de abundante prueba documental y testifical, y coincidiendo también con el criterio del Ministerio Fiscal, al entender que en los hechos denunciados e investigados no se aprecian indicios de que se cometieran los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos denunciados por los concejales de Ganemos.

Respecto al contrato de señalización, el portavoz municipal ha manifestado que no existe delito de prevaricación ni en la prórroga del contrato ni en el retraso de la nueva licitación.

En este sentido, ha explicado que el Juzgado señala que la aprobación de la Base de Ejecución del Presupuesto (que amparó la prórroga del contrato) tenía su fundamento en dar solución a la posible situación que pudiera producirse en el caso de no haberse renovado a tiempo la contratación de un servicio que fuera necesario mantener, y como los servicios del contrato de señalización eran necesarios y no se había realizado una nueva contratación, no había otra posibilidad real de solventar la situación que prorrogar el contrato existente.  

Del mismo modo, según ha añadido Fernando Rodríguez, el Juzgado afirma que puede criticarse el retraso en la tramitación del nuevo expediente de contratación, pero que no existen indicios de que desde el Ayuntamiento se intentara con ello dar un trato de favor a una empresa concreta, como lo acredita que no hubiera un comportamiento pasivo en la tramitación de la nueva contratación, que existieran otros contratos en el Consistorio con empresas distintas en la misma situación, y que, además sea ello un problema común en las administraciones locales.

Fernando Rodríguez ha subrayado que tampoco existe delito de malversación de caudales públicos. Así pues, el Juzgado entiende que difícilmente puede sostenerse que haya existido este delito cuando el Tribunal de Cuentas (órgano encargado de fiscalizar la actividad económica financiera del sector público) ya señaló en mayo de 2017, al archivar una denuncia por los mismos hechos realizada por los mismos concejales de Ganemos, que no apreció hechos que pudieran determinar la exigencia de responsabilidad contable frente a persona alguna del Ayuntamiento de Salamanca.

En cuanto a la adjudicación del alumbrado público, el portavoz municipal ha afirmado que no existe tampoco delito de prevaricación, pues el Juzgado entiende que admitir como justificada la baja de la empresa que resultó adjudicataria fue una cuestión compleja que motivó informes y resoluciones (de órganos administrativos y judiciales) contradictorios, pero también todos ellos con una fundamentación aceptable y razonable, todo lo cual excluye de pleno la posible existencia de un delito de prevaricación.

Asimismo, según ha proseguido el tercer teniente de alcalde, tampoco aprecia la existencia de un delito de malversación de caudales públicos por el hecho de que una sentencia judicial condene al Ayuntamiento a indemnizar a otra empresa. Señala el Juzgado que la postura de la acusación llevaría a que en cada ocasión que una administración fuera condenada a indemnizar por estimarse un recurso contencioso-administrativo ello entrañaría un delito de malversación, “lo que evidentemente no es de recibo”. 

Fernando Rodríguez ha sostenido que el auto del Juzgado de Instrucción es “un nuevo varapalo a la campaña de acoso y derribo emprendido por los concejales de Ganemos contra el alcalde de la ciudad y el Gobierno Municipal, con la que se ha pretendido también coaccionar a funcionarios públicos municipales”.

Ha recordado que al archivo de estas denuncias se une al archivo por el Tribunal de Cuentas de las denuncias que presentaron por la prórroga de diversos contratos y al archivo decretado en su día por la propia Fiscalía Provincial de Salamanca de la investigación por la denuncia de Podemos sobre la contratación de la gestión de las Escuelas de Educación Infantil Municipales, “por no existir el más mínimo indicio de la comisión de un hecho delictivo”.