El Ayuntamiento de Salamanca continúa contribuyendo a consolidar a la ciudad a la vanguardia en políticas sociales, implicada en la mejora de la calidad de vida de las personas y las familias. La Comisión de Bienes y Contratación del próximo martes, 30 de septiembre, estudiará la aprobación del expediente para la contratación del Servicio de Comida a Domicilio, reservado a empresas de inserción social, con un presupuesto base de licitación de 2.398.171 euros al año.

De esta manera, se da respuesta a la creciente demanda de personas usuarias (de 417 en el año 2019 a 1.038 en 2024) para facilitar un recurso que contribuya a que las personas con limitaciones en su autonomía personal, relacionadas con la imposibilidad de preparar comida, permanezcan durante más tiempo en su entorno familiar, facilitando, a su vez, hábitos saludables.

El Servicio de Comida a Domicilio consiste en la dispensación de un servicio completo (primer plato, segundo plato, pan y postre) de comida en el domicilio, una vez al día, coincidiendo con el almuerzo. Se presta por mes completo, todos los días naturales del año, incluidos los festivos. Para la prestación del servicio se tiene en cuenta las necesidades dietéticas de las personas solicitantes y se realiza un seguimiento básico de la alimentación cotidiana, previniendo posibles trastornos de salud derivados de una alimentación insuficiente o de una dieta poco equilibrada en las personas con situaciones de limitación de su autonomía personal.

El esfuerzo inversor del Ayuntamiento para atender el creciente número de personas usuarias, que se ha duplicado durante los últimos años (de 853.504 euros en 2019 a 1.862.704 euros en 2024), se produce al mismo tiempo que se les ofrecen las mayores facilidades económicas. A finales del año 2019 el Ayuntamiento de Salamanca aprobó la nueva ordenanza reguladora de la tarifa por la prestación de los servicios de atención a la dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, para beneficiar en la reducción del copago al 60% de las personas usuarias. La nueva ordenanza eliminaba la aportación computable al patrimonio por debajo de 35 años, se elevaba el mínimo exento por este concepto, se evitaba que se incremente el copago y se introducía un coeficiente que reduce la aportación para las personas que viven solas.