El Ayuntamiento de Salamanca rechaza que el Gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez, utilice de nuevo el Archivo General de la Guerra Civil como moneda de cambio de los separatistas catalanes. Así lo ha destacado hoy el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha reiterado que desde el Ayuntamiento siempre han defendido la unidad e integridad del centro documental por responsabilidad y convicción.

Una defensa, según ha añadido, que atiende a la necesidad de preservar la Historia común de España, la identidad cultural como Nación, frente a los que quieren romperla.

Fernández Mañueco ha señalado que este Archivo, como todos los archivos nacionales, es símbolo de nuestra cultura, de nuestra historia y también de la unidad de España, pues en ellos se custodia la memoria colectiva como ciudadanos que conformamos una Nación indivisible, y debe estar al servicio de la reconciliación, de la tolerancia y de la concordia entre los españoles.

Por ello, en palabras del regidor municipal, los separatistas catalanes han tenido siempre como uno de sus principales objetivos la ruptura de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil, con la excusa de entregar parte de su documentación a la Generalitat; porque así justifican su posición de separar a Cataluña de España, y también de la llamada desconexión de las Instituciones básicas del Estado.

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ha votado en contra de todas las salidas de documentos aprobadas en el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica.

Y, por tanto, hoy ha tenido la responsabilidad de decir alto y claro que el Ayuntamiento rechaza enérgicamente que el Gobierno socialista utilice de nuevo el Archivo General de la Guerra Civil como moneda de cambio con los separatistas catalanes.

En este sentido, ha recordado que el 18 de junio de 2014 el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica informó de la que denominó textualmente “última restitución de documentos a la Generalitat en cumplimiento de la legalidad”. Así se puede comprobar en una nota de prensa difundida por el propio Ministerio de Cultura.

Precisamente, el pasado 11 de octubre, debido a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación respecto a las pretensiones de la Generalitat, el alcalde de Salamanca remitió una carta al ministro de Cultura para recordarle que el Gobierno había dado ya por finalizado el proceso de restitución de documentos.

El regidor municipal ha subrayado que “nos encontramos otra vez con el mismo guión y con los mismos actores”.

Ha recordado, además, que en 2005 un Gobierno Socialista, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero (y con la actual vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, como ministra de Cultura) pactó con los separatistas la aprobación de una Ley que permitiera el expolio del Archivo General de la Guerra Civil.

Ahora, un Gobierno Socialista, presidido por Pedro Sánchez, en deuda con los separatistas catalanes, de los que depende la supervivencia del propio Gobierno, vuelve a utilizar el Patrimonio de todos los españoles para pagar su deuda con quienes quieren romper España.

En la ya citada carta que envió al ministro de Cultura, también le recordaba que, el mismo 18 de junio de 2014, el Ministerio informó que procedería a reclamar la devolución al Centro Documental de la Memoria Histórica de los documentos de particulares que no habían podido devolver a sus legítimos propietarios, cumpliendo así con las Sentencias del Tribunal Constitucional.

A día de hoy, según ha añadido el máximo representante municipal, la Generalitat no ha atendido los requerimientos del Ministerio de Cultura del anterior Gobierno, situándose en una situación de rebeldía respecto al cumplimiento de la Ley.

Por ello, Fernández Mañueco ha dicho que llama poderosamente la atención que Cataluña haya solicitado la devolución de varios miles de documentos adicionales, y, todavía más aún, que el Gobierno de España haya accedido a atender sus reclamaciones, sin exigirle antes el cumplimiento de la propia Ley en la que los separatistas catalanes basan sus reclamaciones.

En consecuencia, desde el Ayuntamiento entienden que no cabe hablar sobre más entregas de documentos, puesto que el Ministerio de Cultura afirmó en 2014 que con el envió de documentos aprobado entonces finalizaba el proceso de restitución de los documentos.

En cambio, el alcalde también ha trasladado al ministro que es absolutamente necesario que, ante la negativa de Cataluña a cumplir la Ley, el Estado ejerza las acciones pertinentes para hacer cumplir la legalidad vigente.

Por último, el máximo representante municipal considera fundamental avanzar en los proyectos para el impulso y la consolidación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

Así pues ha concretado la necesidad de poner en marcha el Plan, presentado al Patronato del Centro por el Ministerio de Cultura en 2014, para hacer del mismo un archivo de referencia nacional del estudio y el análisis de la memoria política y social de España desde la Segunda República a la Transición, con el objetivo de convertirlo en un auténtico Archivo al servicio de la Reconciliación, la Concordia y la Convivencia en Democracia.

Finalmente, ha recordado que estaba convocada una reunión del Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica el día 28 de mayo, que fue desconvocado. Pero en el punto quinto de la convocatoria se establecía el informe sobre los trabajos de la Comisión de Expertos para elaborar el discurso expositivo de la exposición permanente y también la propuesta de cambio de denominación del centro, así como, en el punto sexto, informe de las salidas de documentos del Centro Documental de la Memoria Histórica y estado de las reclamaciones por sentencias de los tribunales de justicia.

En este sentido, el alcalde ha anunciado que reclamarán al presidente del Patronato la convocatoria de una reunión del mismo para que informe de estos aspectos y para que quede claro que no debe salir un papel más del Centro Documental de la Memoria Histórica y que se reclame la devolución al Centro Documental de la Memoria Histórica de los documentos de particulares que no haya podido devolver a sus propietarios, así como que se impulse el plan para convertirlo en el Gran Centro al servicio de la Concordia y la Convivencia en Democracia.