El Ayuntamiento de Salamanca ha acogido hoy un reunión del Consejo de Cuentas de Castilla y León, con presencia de su presidente, Mario Amilivia González, y de los consejeros Miguel Ángel Jiménez García y Emilio Melero Marcos, y del secretario del Pleno, Andrés Pérez-Moneo, para aprobar el ‘Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León’ correspondiente al año 2017.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó que el Consistorio continúa entre las administraciones locales de España que antes paga a sus proveedores, en un plazo medio de 9,76 días desde que se da el visto bueno a la factura, según los últimos datos oficiales.

El regidor municipal argumentó que las cuentas municipales están saneadas después de que durante los últimos cuatro años la deuda municipal se haya reducido en más de 47 millones de euros. Si se tiene en cuenta el anterior mandato, la deuda se ha reducido en casi 89 millones de euros desde el año 2012. Y la previsión es que el capital vivo de deuda financiera del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2019 se sitúe en una ratio del 32% sobre los ingresos corrientes, la cifra más baja desde el año 1991.

Al mismo tiempo, el Consistorio ha mantenido el ritmo inversor para seguir mejorando la ciudad, incorporando un superávit de 13,5 millones de euros en 2018. En total serán en torno a los 30 millones de euros a invertir este año para generar actividad económica y más oportunidades de empleo, con más gasto social para atención y ayudas a las personas que residen en la ciudad, y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Todo ello con una reducción de los impuestos. Este año destaca un 5% menos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se une a la rebaja en la Plusvalía y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como a la congelación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Vehículos, realizadas anteriormente.

Sobre el Consejo de Cuentas de Castilla y León

El Consejo de Cuentas de Castilla y León es la institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León. Órgano dependiente de las Cortes regionales, con sede en Palencia, actúa con total autonomía y debe pronunciarse con claridad y transparencia sobre la legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público.

El Consejo fue creado por la Ley 2/2002, de 9 de abril. Tras su constitución, el 21 de febrero de 2003, ha desarrollado las funciones de fiscalización externa que le encomienda el Estatuto de Autonomía en su artículo 90, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución. El objetivo principal de la Institución es contribuir a una administración eficiente de los recursos públicos mediante un control transparente del gasto.