El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha exigido al Gobierno de España que dé marcha atrás de forma inmediata en su postura sobre el uso del superávit de los ayuntamientos y ha reclamado que se retire el decreto y se abra un auténtico proceso de diálogo, tal y como ofreció el presidente de España, Pedro Sánchez, el pasado 12 de agosto.

Tras participar en la videoconferencia de alcaldes contrarios al acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para incautarse de los ahorros municipales, García Carbayo ha recalcado que el Ejecutivo Central debe abrir esa negociación con los consistorios sin más dilación, al considerar que no hay margen para seguir perdiendo el tiempo.

Según ha manifestado, de la agilidad de la búsqueda de ese acuerdo depende la viabilidad de los servicios sociales, cuya sostenibilidad ha quedado seriamente comprometida por el esfuerzo adicional que han tenido que realizar los consistorios para hacer frente a la crisis del coronavirus sin ayuda del Gobierno de España.

Al respecto, ha indicado que los ayuntamientos constituyen un dique de contención contra la crisis social que afecta a miles de familias españolas, que buscan refugio en sus gobiernos locales, como las administraciones más cercanas a los problemas reales de las personas.

Para García Carbayo, la cerrazón del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de articular alternativas al pacto con la FEMP y su empecinamiento en aplicar el mecanismo por el que los ayuntamientos deben entregar sus ahorros al Ministerio de Hacienda negativa a permitir que los ayuntamientos utilicen sus ahorros en las necesidades que consideren oportunas supone un obstáculo que en estas circunstancias de emergencia económica y social resulta inadmisible.

Sobre esto, ha añadido que si alcaldes de todos los signos políticos están unidos en contra del citado pacto es porque se trata de un mal acuerdo, que hay que corregir de manera urgente. “Hace falta voluntad política”, ha dicho y ha indicado que no tiene sentido que el gobierno se siga resistiendo a corregir este pacto injusto, que genera ciudadanos de primera y de segunda y que vulnera los principios de igualdad y de solidaridad.

El alcalde de Salamanca ha insistido, además, en que el Gobierno de España debe desvincular por completo el fondo de 5.000 millones de euros del uso de los remanentes, que deben estar disponibles para que los ayuntamientos los inviertan en las necesidades de sus vecinos, sin tutelas ni condiciones.

“Igual que las comunidades autónomas han obtenido un fondo de 16.000 millones de euros, los ayuntamientos también necesitamos un fondo adicional para cumplir con suficiencia nuestro papel fundamental en la gestión de esta crisis”, ha manifestado.

Por tanto, ha añadido que esos 5.000 millones de euros deben ser un fondo incondicionado para todos los ayuntamientos, al que hay que añadir otro adicional de 1.000 millones de euros para la financiación del transporte público local.